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Evaluación de Riesgos de Soborno: Enfoque y Métodos según la ISO 37001
En un panorama empresarial globalizado y altamente competitivo...
Beneficios Empresariales de la Certificación ISO 37001
La Norma ISO 37001 es un estándar internacional que guía a las organizaciones en la...
Elementos de un Sistema de Gestión Antisoborno según la ISO 37001
Controles financieros y no financieros de la ISO 37001
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Preparación y estrategias para cumplir con la ISO 37001
Beneficios tangibles de la norma ISO 37001
La Ley que obliga a las empresas a tener un canal de denuncias ya es una realidad
Esta ley protege a los denunciantes de las posibles infracciones y asegura su privacidad y anonimato
El pasado 13 de marzo entró en vigor la ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es extensible a todos los países miembros de la Unión Europea. En el caso de España, la normativa de aplicación será la Ley 2/2023, de 20 de febrero. Esta protección se realizará a través de un canal de denuncias.
¿Qué proceso seguir con la norma ISO 31022?
ISO 31022
La nueva ISO 31022 pretende ofrecernos una guía con la que poder gestionar los riesgos legales. Esta nueva norma se encuentra basada en la ISO 31000, pero está mucho más enfocada a los posibles riegos legales, internos y externos, que pueden afrontar las organizaciones. Tiene en cuenta lo que le puede afectar a nuestras partes interesadas, haciendo especial énfasis en la necesidad de analizar el contexto de la organización para poder establecer el alcance y la complejidad de la gestión del riesgo legal.
Soborno y cohecho. Diferencias y contexto de actuación
Soborno
Como ya se ha visto, dentro de la corrupción se encontrarían el soborno y la extorsión. Dentro del soborno hay que destacar otro concepto, el de cohecho, el cual se define como el soborno a funcionarios públicos. La gran mayoría de legislaciones nacionales están enfocadas al cohecho en funcionarios públicos nacionales. Por su parte, instituciones internacionales como la ONU, ya han tomado medidas en el asunto, publicando normativas que afectan a funcionarios públicos internacionales.